Reforma el artículo 94 del Código civil. Suspensión del régimen de visitas

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El 3 de septiembre de 2021 entra en vigor la reforma del artículo 94 del Código civil, introducida por la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta reforma tiene una importante trascendencia en relación al régimen de visitas de los hijos , llamado también régimen de estancias y comunicaciones, puesto que puede suponer la suspensión o impedir que se establezcan visitas con los hijos.

 

Modificación del artículo 94 del Código civil

Tras la reforma, el artículo 94 del Código civil queda redactado así:

La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o emancipados que precisen apoyo para tomar la decisión, el progenitor que no los tenga en su compañía podrá solicitar, en el mismo procedimiento de nulidad, separación o divorcio, que se establezca el modo en que se ejercitará el derecho previsto en el párrafo anterior.

La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los párrafos anteriores, previa audiencia del hijo y del Ministerio Fiscal. Así mismo, la autoridad judicial podrá limitar o suspender los derechos previstos en los párrafos anteriores si se dieran circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.

No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos.

Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.

No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior (…)

 

Qué novedades introduce la reforma del artículo 94 del Código civil

Según la literalidad del artículo, si existe un procedimiento penal abierto frente al progenitor que tiene derecho de visitas, “se suspenderá”; si aún no existe, “no procederá el establecimiento” del régimen de visitas.

Y aquí es donde radica la gravedad de la reforma. Antes de esta modificación, las partes podían solicitar que las visitas se suspendieran a través de un procedimiento de medidas cautelares del artículo 158 del Código civil o mediante una modificación de medidas. Para ello, tenían las partes que acreditar que se daban circunstancias graves que justificaban la suspensión de las visitas o impedían que las mismas se acordasen.

Ahora ocurre al contrario. Si se aplica de manera literal, ante la existencia del procedimiento penal, el Juez debe suspender las visitas existentes o impedir que se establezcan unas nuevas. Habrá que probar que lo más conveniente para los menores es continuar con las comunicaciones con el progenitor no custodio.

Sólo si el Juez considera que lo más beneficioso para el menor es establecer o continuar con las visitas acordadas, puede dictar una resolución motivada en este sentido. Por tanto, el razonamiento jurídico invierte el orden: suspensión de visitas a menos que se motive que las mismas deben continuar.

 

Se vulnera la presunción de inocencia

Esta modificación legal puede suponer un automatismo peligroso y contrario a la presunción de inocencia. No se requiere una Sentencia que condene al progenitor por violencia doméstica o violencia de género, basta con que esté incurso en un procedimiento penal.

Si anteriormente a esta modificación legal, ya existían denuncias falsas para evitar la custodia compartida de los hijos  (en virtud de lo establecido en el artículo 92.7 del Código civil), los abogados de familia tememos que este tipo de procedimientos se vean incrementados.

Como explica nuestro compañero especialista en Derecho penal Álvaro Escudero, en su artículo relativo a las denuncias falsas:

Las consecuencias pueden ser terribles.  Se etiqueta y se prejuzga de antemano, señalando al hombre como “maltratador”  antes de que el procedimiento penal haya llegado a su fin.  Serían víctimas de este tipo de maltrato, en el que pueden perder todo: el trabajo, el derecho a vivir en su propia casa y la custodia de sus hijos. Añadiendo, además, las dificultades que se puede encontrar en el ámbito personal, debilitando sus relaciones sociales”.

 

Hemos de tener en cuenta que la redacción actual del artículo 94 del Código civil otorga al Juez de Familia la facultad de dar o no por probados los indicios penales. Ello excede con mucho su función en el procedimiento de custodia o de divorcio.

 

¿Qué significa estar incurso en un procedimiento penal?

La lógica nos dice que será necesario, como mínimo, que se abran Diligencias Previas y que no será suficiente con la mera manifestación o denuncia de la otra parte. Si esta denuncia se archiva directamente, entendemos que no hay procedimiento penal abierto que ponga en marcha la condición del artículo 94 del Código civil para suspender o impedir las visitas con los hijos.

Sin embargo, la Ley no lo explica, no define el momento a partir del cuál se entiende que el progenitor está incurso en un procedimiento penal. Será la práctica judicial y la jurisprudencia la que tenga que ir aclarando estos conceptos jurídicos.

Mientras tanto, nos veremos sometidos a un proceso de inseguridad jurídica e incertidumbre que resulta dañino para los operadores jurídicos y sobre todo, para los implicados en este tipo de procesos.

 

Ejemplo REAL : ¿Cómo afecta al régimen de visitas de los hijos la reforma del artículo 94 del Código civil?

Os cuento un supuesto de hechos que he vivido en el despacho en el mes de junio de 2021.

Denuncia de la madre ante la Comisaría de Policía y solicitud de Orden de Protección

Una madre quiere evitar que el padre acuda a la celebración de la comunión de su hija, que ella ha organizado sin contar con la voluntad del progenitor. Dos días antes de la comunión, la madre acude a la comisaría y denuncia que el padre la insultó “hace un año” (insisto que este supuesto es totalmente cierto). No aporta prueba alguna, no hay mensajes, no hay testigos, sólo la mera manifestación de una señora relativa a unas palabras que se habrían expresado un año antes.

Se recoge la denuncia por Guardia civil y se cita al progenitor denunciado. Ante hechos similares, el protocolo indica que este señor podría haber pasado la noche en el calabozo; sin embargo, en este supuesto, la autoridad fue consciente de la poca relevancia de los hechos, del tiempo transcurrido desde los mismos hasta la denuncia, y dudó de la credibilidad de los mismos. Por ello, llamó al denunciado y lo citó directamente ante la Autoridad Judicial al día siguiente.

Declaración del padre ante la Autoridad Judicial

El padre, como podéis imaginar, indignado y sorprendido, acudió a declarar ante el Juez que inmediatamente se hizo cargo de la situación. Al día siguiente de esta declaración su hija iba a tomar la comunión y para impedirlo la madre presentó una denuncia y solicitó una orden de alejamiento.

No se estableció ninguna medida de protección puesto que la Juez entendió cuál era la intención de la madre. Mi cliente acreditó con comunicaciones el hecho de la celebración sin su consentimiento, aportó el Auto de Medidas Provisionales donde se le otorgaba el derecho de visitas y declaró que este tipo de conductas son frecuentes en esta progenitora.

Por desgracia, no es la primera vez que ha denunciado para evitar que el padre consiga la custodia compartida de su hija. De momento, todas han sido archivadas. En esta ocasión, si mi cliente hubiese querido podría haber acudido a la comunión de su hija.

Apertura de Diligencias Previas. Ya está incurso en un procedimiento penal

Lo más grave es que por hechos de estas características y pese a la falta de pruebas, se han abierto Diligencias Previas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Si se aplica de manera automática lo dispuesto en el artículo 94 del Código civil, el padre puede verse privado de las comunicaciones con su hija por una denuncia de este tipo.

¿Se suspenderán las visitas y comunicaciones que mi cliente y su hija llevan a cabo desde hace un año?

Confío que en este supuesto en concreto la Juez competente atenderá las circunstancias y no llevará a cabo la suspensión de las visitas. Para ello, tendrá que dictar una Resolución motivada que justifique por qué decide mantenerlas.

Si no es así, si la Juez aplica con automatismo la suspensión de las visitas, mi cliente y su hija verán perjudicada su relación por culpa de una denuncia instrumental de la progenitora.

 

 

Con este ejemplo, se visualiza hasta qué punto una denuncia de estas características puede afectar a la vida del padre y de los hijos y  las relaciones entre ellos. Sólo el tiempo nos dirá si esta reforma del artículo 94 del Código civil se aplica con indeseado automatismo o si los operadores jurídicos atenderán realmente a las circunstancias familiares concretas para estudiar si debe suspenderse o impedirse las relaciones de padres e hijos.

 

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Mi nombre es Carolina Torremocha y soy abogado especialista en Derecho de Familia.

 

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